La disputa dominicana por ampliar sus límites marinos

                               

Tania Molina 
Como información básica de su geografía, la República Dominicana tiene una superficie terrestre de 48,320 kilómetros cuadrados, pero esa extensión puede más que duplicarse si el país concreta sus pretensiones de ser reconocido, sin oposición, bajo la condición de Estado archipielágico.

En la actualidad, el país se prepara para discutir y defender ante potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, así como con su vecino Haití y Holanda, la categoría de archipielágico que se autoadjudicó en 2007 mediante la Ley 66-07, que también creó la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar), como órgano de derecho público encargado de velar por la investigación, conservación y aprovechamiento de los recursos del mar.

Dicha ley incrementa la superficie total del país a 98,029 kilómetros cuadrados, al atribuirle un área marina de 49,709 kilómetros cuadrados como zona económica exclusiva.

Pero República Dominicana deberá convencer a todos los países con los que hace frontera para que se le reconozca tal tamaño. Con fines de preparar argumentos sólidos de negociación y ante la posibilidad de una controversia que lo lleve ante la Corte Internacional de Justicia, el país ya contrató los servicios del experto en litigio y arbitraje internacional, Paul S. Reichler, de la firma Foley Hoag, con sede en Washington.

Al ofrecer la información, Pascual Prota, director de Anamar, expresa su esperanza de que se pueda llegar a acuerdos sobre los límites sin tener que recurrir a un proceso de arbitraje.

Indica que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se han enviado comunicaciones a los países con los que se tiene frontera sin delimitar, informándoles del interés nacional de sentarse en la mesa de negociación.

Hace énfasis en la conveniencia de que cada país pueda tener delimitado todo su territorio y conocer sus derechos sobre la zona económica exclusiva. “En el fondo del mar y el subsuelo hay muchísimas riquezas, todos los minerales que están en tierra están en el mar y es necesario que los Estados sepan cuál es su territorio legalmente”.

La zona económica exclusiva o mar patrimonial, establecida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar (Convemar), de diciembre de 1982, “es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en dicha convención”. La zona se extiende hasta 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de la cuales se mide la anchura del mar territorial.

Sobre el botón amarillo, mueva de un lado a otro la línea verde sobre la imagen siguiente para apreciar la diferencia de superficie del país antes y después de la declaratoria de estado archipielágico.